- Director del Instituto de Gobierno y Asuntos Públicos de la UACh advierte que baja en cumplimiento afecta la confianza ciudadana y debilita mecanismos de control público.
El Centro de Políticas Públicas y Transparencia Local (CPTL) dio a conocer los últimos resultados sobre cumplimiento de transparencia activa en los Gobiernos Regionales, revelando un retroceso en la disponibilidad de información pública.
Frente a estos datos, el, Director del Instituto de Gobierno y Asuntos Públicos de FACEA UACh, Dr. José Hernández Bonivento, sostuvo que esta situación es preocupante, particularmente en un contexto donde los gobiernos regionales ya enfrentan cuestionamientos públicos por casos como el de las fundaciones.
“Este tipo de mediciones refleja el cumplimiento formal de obligaciones de transparencia. Si bien no implica necesariamente corrupción, sí revela falta de actualización o gestión en las plataformas, lo que genera señales negativas”, explicó el académico. A su juicio, el descenso generalizado es llamativo y contradictorio, ya que, tras los escándalos recientes, “uno esperaría un esfuerzo por reforzar la imagen institucional mediante una mejora en estos indicadores”.
El informe del CPTL evidencia que regiones como Los Lagos y La Araucanía, donde existen causas judiciales abiertas vinculadas a transferencias de fondos, figuran entre las más rezagadas. Para Hernández, esto afecta aún más la ya deteriorada confianza pública y debilita los mecanismos de fiscalización ciudadana. “La transparencia activa cumple un rol disuasivo frente a las malas prácticas y es un canal que permite a la ciudadanía ejercer control. Cuando esa información no está disponible, se debilita todo ese andamiaje institucional”, señaló.
Respecto“puede haber múltiples causas, desde cambios de gestión hasta problemas procedimentales”, pero alerta sobre la necesidad de comprender la transparencia no como una carga administrativa, sino como una herramienta clave para fortalecer la legitimidad democrática. “Muchas veces esta función recae en una sola persona, sin exclusividad, lo que aumenta el riesgo de desfases. Pero más allá de eso, se necesita una convicción institucional de que la transparencia no es un trámite, sino una señal concreta de compromiso con la ciudadanía”, enfatizó.
Como medidas correctivas, el Dr. Hernández sugiere priorizar la transparencia en la gestión institucional, asignar recursos específicos a su implementación y promover una cultura organizacional que valore su impacto. “Se trata de cambiar la lógica: no se trata solo de cumplir, sino de demostrar que hay voluntad de ser fiscalizados”, concluyó.
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